De Caracas a La Haya

La creciente crisis humanitaria y político-social que atraviesa Venezuela invita a reflexionar sobre los mecanismos de presión que pueden utilizar los Estados del hemisferio para detener el exceso de violencia. En particular, la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias, ofrecen a los Estados interesados una oportunidad: la internacionalización de la situación al remitir estos crímenes a la Corte Penal Internacional (CPI). Panamá, como Estado especialmente interesado en frenar la escalada de violencia, debe unirse al grupo de Estados que han referido la situación en Venezuela a la fiscalía de la CPI.

Hace algunos meses un panel de expertos convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que existían fundamentos suficientes de que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, recomendaron remitir la evidencia recabada a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. En base a este informe, un grupo de Estados (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) solicitaron a la CPI investigar los posibles crímenes. El 17 de octubre de 2018, Costa Rica se unió a este grupo cuando su Vicepresidenta y Canciller, Epsy Campbell, anunció que secundaban la denuncia al Gobierno venezolano ante la CPI.  La acción de estos siete Estados permite agilizar los tiempos de investigación de la fiscalía de la CPI, la cual a su vez debe beneficiar del informe emitido por los expertos de la OEA. Adicionalmente, esta acción representa para la CPI una fuente de legitimidad en su accionar y un apoyo político importante.

Panamá como Estado parte de la CPI debe unirse al llamado a que se investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nuestro derecho interno, en el espíritu de disuadir este tipo de conducta antijurídica, ha tipificado los crímenes de lesa humanidad como delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad consisten en la comisión, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de cualquiera de los siguientes actos: asesinato, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, la desaparición forzada de personas, entre otros (ver Estatuto de Roma, artículo 7).

Es imperativo resaltar que cualquier salida militar a la situación en Venezuela debe ser descartada. La historia reciente (Irak y Libia) nos ha enseñado que la acción militar para remover a un régimen autoritario, si no viene acompañada de un proceso de consolidación de paz y rehabilitación postconflicto, genera más inestabilidad y sufrimiento. La remoción de cualquier noción de “autoridad” generaría un vacío de poder, el cual podría ser llenado por grupos criminales o agentes no estatales. Igualmente, la situación en Venezuela, sumada a la crisis nicaragüense, podría afectar negativamente a la región en los próximos años.

Es por ello que la acción de la CPI y de sus Estados miembros se hace tan necesaria. El inicio de un proceso contra los responsables de las grandes atrocidades que se están cometiendo serviría para frenar la escalada de violencia y disuadir un régimen autoritario en el uso de políticas de fuerza indiscriminada y antijurídicas. La coyuntura actual clama por que Panamá se una al grupo de países que solicitan que se investigue y juzgue la perpetración de estos crímenes, y que se traslade a los responsables de Caracas a La Haya.

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