El 1 de noviembre de 2018, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, John Bolton, pronunció un discurso en el Freedom Tower de Miami, en donde formalizó un cambio de postura de Washington hacia América Latina. En particular, denunció a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua como la “troika de la tiranía” del hemisferio y adelantó que EE. UU. tomaría acciones “directas” contra ellos, incluyendo la adopción de nuevas sanciones contra Venezuela, la posibilidad de adoptarlas en contra de Nicaragua y robustecerlas en el caso de Cuba. Paradójicamente, el discurso se pronunció el mismo día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó con 189 votos a favor y 2 en contra su resolución 73/8 en donde se renueva la solicitud de dar por terminado el embargo económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU. en contra de Cuba desde 1960.
Igualmente, Bolton expresó que los EE. UU. están emocionados por contar con socios como México, Colombia, Brasil y Argentina, y que se encontraban complacidos por la elección de líderes afines en países claves como Colombia con Iván Duque y Brasil con Jair Bolsonaro. Evidentemente, el escenario que plantea Bolton es el de una región dividida en bloques ideológicos y el de una lucha contra “la opresión, el totalitarismo y la dominación”.
Los planteamientos de Bolton evocan a la memoria el “eje del mal” que acuñó el presidente George W. Bush en su discurso del Estado de la Unión en enero de 2002. En este discurso el presidente Bush denunció a Irán, Irak y Corea del Norte como Estados que auspiciaban el terrorismo y buscaban poseer armas de destrucción masiva. En mayo del mismo año, el entonces subsecretario de Estado, John Bolton amplió la lista e incluyó a Cuba, Libia y Siria. El discurso del “eje del mal” fue un preludio a la guerra de Irak, y en los años subsiguientes vio la nuclearización de la península de Corea, la guerra civil en Siria, la desintegración de Libia y, recientemente, el fin del acuerdo nuclear de Irán y el distanciamiento de EE. UU. y Cuba.
La coyuntura actual requiere que se analice la “troika de la tiranía” en conjunto con la crisis migratoria que afecta a la región, la cual es producto de la situación político-social en Venezuela y Nicaragua, pero también de la violencia generalizada, la corrupción endémica y el fracaso institucional que impera en el triángulo norte de Centroamérica y en muchos otros países del hemisferio. La respuesta a la crisis que afronta nuestra región no reside en que cada uno de los Estados “mire hacia adentro” y resuelva sus propios problemas, tampoco en discursos nacionalistas o en el rechazo al denominado “globalismo”. La acción consensuada y multilateral se hace necesaria, pues como nos demuestra la crisis migratoria, el hecho de que los problemas no se originen en nuestras fronteras, no garantiza que los mismos no nos vayan a afectar. Irónicamente, las instituciones multilaterales que algunos Estados rechazan como globalistas (Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional) son las que ofrecen mecanismos efectivos para estabilizar la región. Estos incluyen la adopción del Pacto Global sobre migración, la remisión de las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos a instituciones judiciales o cuasi-judiciales, y la cooperación internacional en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos estos mecanismos están basados en el derecho internacional y los derechos humanos, y responden a un sistema que busca la justicia y que fue estructurado por quienes hoy rechazan su implementación.
Ante la percibida lentitud de los organismos internacionales, las acciones unilaterales o de fuerza, en estos momentos, parecen ser más atractivas. No debemos olvidarnos de que estos organismos multilaterales responden y actúan de conformidad a la voluntad de sus miembros. Ante la ausencia de consenso, la acción unilateral no es la respuesta. Tal como expresó el Juez Benjamín Cardozo, la justicia no debe ser tomada por asalto, ella ha de ser cortejada por avances lentos.
La situación regional ofrece una oportunidad importante para que países como Panamá ejerzan un rol protagónico en la región y en defensa del multilateralismo. Estos países encontrarán en los derechos humanos y el derecho internacional las mejores herramientas para darle a la región el balance y la estabilidad que necesita, y para crear las condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia.
