El tema sobre Migración está siendo debatido actualmente como uno de los factores más importantes dentro de las campañas políticas en casi todas partes del mundo. Recientemente en las elecciones en Francia, éste constituyó uno de los aspectos de mayor peso en cuanto a la forma como fue abordado por los candidatos a la presidencia. En su momento, fue también uno de los asuntos más debatidos en la elección de Estados Unidos de América. Según informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), el debate de las políticas migratorias en los distintos Estados, se ha volcado hacia las inmigraciones ilegales, habida cuenta de los problemas que las mismas conllevan.
La Migración representa un fenómeno colectivo e histórico, que se caracteriza por el desplazamiento de los habitantes de un país o de una región a otra, debido a guerras, movimientos políticos, cambios sociales o desastres naturales. Toda forma de migración, entre las cuales podemos mencionar la emigración, inmigración, repatriación, deportación, llevan consigo consecuencias de índole económica, política y social para los países que se ven afectados por ella. Cuando una persona se traslada de su país de origen o desde aquel en que se encuentre domiciliado, a otro país, para establecerse en él, se dan tres situaciones: que se quede en él en forma definitiva, que regrese a su país de origen o simplemente que vuelva a emigrar a otro.
Las leyes sobre migración son el instrumento principal, mediante el cual el Estado no sólo determina las reglas aplicables a los extranjeros que deseen establecerse dentro de su territorio, ya sea en forma permanente o temporal, sino además quiénes van a tener acceso a sus recursos naturales y quiénes van a formar parte de la identidad nacional y cultural del país.
La migración en Panamá, al igual que en muchos otros países, no ha sido considerada y estudiada desde una perspectiva económica y jurídica, que coincida con la aplicación de una política migratoria cónsona con las distintas etapas que ha atravesado la sociedad panameña, desde los inicios de la República hasta nuestros días.
En el año de 1960, se decidió hacer algo al respecto y se expidió el Decreto Ley 16, mediante el cual se derogaban todas las disposiciones anteriores sobre Migración. Este Decreto Ley después de 40 años se encuentra vigente, y constituye el pilar de las leyes migratorias en Panamá, cuyos artículos han sido objeto de derogaciones, modificaciones y subrogaciones no menos de 16 veces durante este período.
Suponemos que en su momento la Comisión Legislativa Permanente de la Asamblea, que discutió y aprobó en aquella ocasión el Decreto Ley 16, estuvo guiada por la sana intención de promover lo que podríamos llamar una «inmigración élite». Sin embargo, no entró a regular una serie de aspectos que trajeron como consecuencia, a través de los años, vacíos de interpretación y aplicación, que fueron llenados al libre albedrío del Director del Departamento de Migración en turno, basándose en la aplicación del artículo 85 del Decreto Ley 16, lo cual originó una serie de fallas fundamentales dentro del sistema, y afectó la debida aplicación de la ley.
Todas las fallas y carencias del Decreto Ley 16, han sido suplidas en reiteradas ocasiones, con resoluciones, manuales, e interpretaciones de la Dirección de Migración; no entrañando ninguna de ellas la posibilidad de aplicar normas que realmente entren a regular el problema migratorio que desde principios de siglo ha afectado a nuestro país.
En pleno siglo XXI, la República de Panamá mantiene este mismo Decreto Ley, que incluso habla de inmigraciones prohibidas, las cuales están en franca pugna con convenciones internacionales, como aquellas que hacen referencia a los Derechos Humanos y a los derechos fundamentales de las personas sin importar su origen o nacionalidad.
Al parecer seguimos renuentes a que el Estado defina una política migratoria, la cual no puede ser estática. Tiene que amoldarse a las situaciones políticas, sociales, económicas y de salubridad por las cuales, en su momento, atraviese el país. Tiene que encarar y planear, entre toda una gama de posibles alternativas, el crecimiento y composición de su población, ya que las causas que motivan las llamadas migraciones masivas, reflejan los problemas internos de muchos países, sobre todo los que se relacionan con los factores económicos y políticos.
El crecimiento de la población mundial, según cifras de Naciones Unidas, es más alto que nunca, en términos absolutos. Los incrementos actuales se aproximan a los 90 millones de personas por año. Ante esta situación mundial y del deterioro de los recursos naturales, así como del aumento de las migraciones, el estado panameño no puede seguir aplicando normas que no respondan a un criterio global para hacer frente a estos problemas.
No se trata de cambiar una ley por otra, donde se establezcan distintos tipos de visas y requisitos, que en muchos casos las migraciones flotantes que tenemos no pueden cumplir, auque estén acompañados por sanciones a los infractores de la misma. Esta técnica definitivamente nos dará los mismos resultados que los actuales. El cambio debe ser producto de una decisión del gobierno.
Es esencial adoptar una política migratoria para el país que esté basada en consideraciones económicas y que tome en cuenta sus implicaciones en la sociedad y en el medio ambiente. Las actuales normas de migración nos enfrentan a problemas tan concretos como estos:
1. Cuando el extranjero ingresa al país, permanece indocumentado y ejerce el comercio al por menor. 2. Cuando el nacional es desplazado por el extranjero en los trabajos. 3. Cuando es una nacionalidad cuyos grupos humanos son los que más tienden a inmigrar a Panamá. 4. Cuando ciertos grupos representan un peligro para la salud de la sociedad panameña. 5. Cuando debido al sistema existente, profesionales extranjeros no pueden ingresar al país y ejercer su profesión, motivando por lo tanto que sea predominante un tipo de migración sin mayor preparación académica.
Actualmente la Dirección de Migración tiene un gran reto que anteriores administraciones no han sabido y no han querido concretar, en cuanto a promover los cambios profundos que requiere una de las dependencias estatales más sensibles en el ámbito de administración del Estado. Es de justicia reconocer los cambios positivos y sobre todo apegados a la ley de que está dando muestras la actual Dirección de Migración, que tiene ante así un enorme y complejo proceso de amoldar todo un sistema de arrastre de más de 40 años plagado de carencias y amañadas prácticas administrativas, para tornarlo en una institución en donde la aplicación de la Ley, esté por encima de quienes ejerzan en un momento determinado la administración de la institución.
Más que nunca necesitamos hacer un diagnóstico de nuestra situación económica, legal, social y de salubridad a fin de enmarcarnos dentro de las nuevas realidades.
Un país que recompense a quien trabaje duro y siga las reglas; una población que, aunque formada por distintas razas con variedades de colores, cultos religiosos y clases económicas, tenga un vínculo, una motivación común, el de pertenecer a una tierra, a Panamá. Este esfuerzo debe ser guiado por las autoridades dentro de un sistema legal justo, tanto para el extranjero como para el nacional, cónsono con las nuevas realidades mundiales.
